Como hemos dicho, dentro de la estrategia liberal contra la crisis ocupan un lugar fundamental los cambios estructurales. Para los liberales esos cambios siempre significan lo mismo, más consenso de Washington, es decir, desregulación y retoques en derechos laborales y sociales. No obstante, ante lo evidente de que la crisis económica actual es muy singular, la ortodoxia liberal se ha visto obligada a acuñar un nuevo concepto que englobe esos cambios estructurales y que los haga parecer distintos; a esto se le ha llamado cambio del modelo productivo. Pero, ¿existe ese tal modelo productivo?

Siguiendo la discusión planteada en nuestro país, podríamos asimilar el término modelo productivo al de estructura productiva, éste sí un término tradicional de la ciencia económica con el que se define la división estructural de la producción por sectores y ramas productivas. ¿Cómo ha evolucionado grosso modo nuestra estructura productiva en los últimos 15 años de reformas liberales? En estos años todos los sectores productivos han disminuido su participación porcentual en la producción total salvo el sector de servicios y el de la construcción. Así, en 1995 la industria, energía y sector primario (agricultura y ganadería) representaban respectivamente el 18%, 3,9% y 4,5% de la producción total, mientras que en 2009 representaban el 12,4%, 2,9% y 2,6%. Por su parte, los sectores de servicios y la construcción pasaron de representar el 66,1% y 7,5% en 1995 al 71,3% y 10,8% en 200933. En tasas de crecimiento acumulado de la producción (a precios corrientes), mientras que el PIB creció un 137,6% entre 1995 y 2009, el sector de la construcción fue el que más creció, con una tasa del 241,8%, seguido del sector servicios, el 158,6%. El resto de sectores tuvieron unas tasas de crecimiento significativamente menores: la industria el 64,4%, la energía el 74,6% y el sector primario el 39,8%. En definitiva, la construcción y también los servicios, donde se encuentran los inmobiliarios y financieros, fueron los que más crecimiento tuvieron, evidentemente en una parte importante por la burbuja financiera y de la vivienda.

Hasta aquí lo que nos han explicado, que se resume en que hemos tenido una estructura económica muy orientada al sector de la construcción que ha saltado por los aires cuando ha explosionado la burbuja financiera, produciendo unas tasas de desempleo escandalosas. Pero ¿quién ha hecho que eso sea así? Curiosamente, la respuesta a esta pregunta no ha sido tan difundida, a pesar de su trascendencia para poder evitar situaciones similares en el futuro, y la razón es muy simple: en una economía de mercado es el propio mercado el que configura el modelo productivo y, por tanto, es el mercado el que ha orientado la producción hacia el ladrillo, la banca y la burbuja.

En efecto, en nuestra economía es el mercado el que a través de la oferta y la demanda asigna los recursos productivos allí donde son demandados por ser más rentables en términos económicos. Así, asignando los recursos entre los distintos sectores y ramas productivas, el mercado determina el valor de la producción que genera cada sector y rama productiva, y, por ende, el denominado modelo productivo de un país. Es decir, son los entes privados, familias y empresas, los que con sus decisiones individuales de consumo e inversión orientan la producción.

Si esto es así, es decir si el mercado totalmente libre tiene tendencia a la especulación y por tanto a asignar mal los recursos, es evidente que si pretendemos modificar la estructura productiva deberemos reducir la libertad con la que el mercado asigna los recursos.

Nosotros, sin ánimo de ser exhaustivos, nos vamos a centrar en cuatro cuestiones en las que entendemos es necesaria la intervención del sector público con el ánimo de corregir los errores del mercado en la asignación de los recursos y por tanto en la definición del modelo productivo: cambiar la concepción de la política de vivienda para que la vivienda y la construcción dejen de ser soporte de procesos especulativos; cambiar la política tributaria para garantizar justicia distributiva y poder financiar el Estado del Bienestar; recuperar instrumentos públicos para orientar la producción; y sustituir la flexi-seguridad por el reparto del trabajo como filosofía del ajuste laboral a las crisis económicas.

Un cambio definitivo para el sector de la construcción

Tal como señala Galbraith en su obra El Dinero34, los pánicos, que era como se denominaban las explosiones de burbujas antes de que el lenguaje se pusiese al servicio de los intereses económicos, tienen siempre su origen en un proceso de expansión, seguido por uno de especulación “que se concentra en cosas reales o fiduciarias, que son esenciales para la expansión en curso”. A nivel mundial la actual crisis se ha gestado en el sector financiero y en su expansión por la vía de los activos estructurados constituidos sobre hipotecas subprime; sin embargo, en España el proceso especulativo se ha centrado directamente en la vivienda y en el suelo. Es decir, crisis financiera y burbuja especulativa en los mercados de vivienda y suelo son anverso y reverso de la misma moneda.

En España la vivienda es un bien muy demandado, toda familia aspira a disponer de una vivienda en propiedad, las políticas de vivienda se destinan tradicionalmente a fomentar la adquisición de vivienda y es común el uso de la vivienda como instrumento de acumulación de ahorro. Todo ello hace que el mercado de vivienda sea amplio y ágil, que exista un parque de vivienda desocupada muy grande y que los precios de la vivienda sean muy caros en relación con la renta de los sujetos35.

Desde mediados de los noventa hasta 2007 el precio medio de la vivienda más que se triplicó36. Evidentemente este ascenso tan brutal del precio de la vivienda no se vio acompañado ni por un aumento semejante de las rentas medias de las familias españolas ni de la inflación, consecuencia de lo cual fue que la relación entre el precio de la vivienda y la renta media anual de los hogares aumentó drásticamente, pasando de 3,56 veces en 1995 a 6,55 veces en 2007. Paradójicamente, a pesar de que el precio de la vivienda en relación a la renta se había duplicado y que el precio nominal se había triplicado, el esfuerzo de las familias en pagar la hipoteca (la parte de los ingresos que las familias destinan al pago del préstamo hipotecarios y los intereses) se mantuvo más o menos estable, de forma que en 2007 (año del precio máximo) una familia dedicaba a pagar la hipoteca el 35,16% de su renta mensual y en 1995 (año de inicio del proceso expansivo) era el 38,33%.

Esta paradoja, de precios de la vivienda creciendo y a la par mantenimiento o reducción de la parte de ingresos dedicados a pagar cuotas hipotecarias tiene su explicación en las condiciones financieras, en concreto en la drástica bajada de los tipos de interés hipotecarios debida a la unión monetaria y en la ampliación sustancial de los plazos de amortización de los préstamos hipotecarios. Es decir, las facilidades financieras compensaron las subidas de precios y crearon una ilusión financiera en las familias, que compraban cada vez casas más caras pagando la misma parte de sus ingresos mensuales, porque les daban préstamos a pagar en más años y con intereses más bajos. Esa política bancaria de créditos baratos y a muy largo plazo es la que ocasionó un aumento de la demanda de vivienda que colocó al precio relativo de la vivienda en nuestro país como uno de los más altos del mundo37, dando lugar a un proceso especulativo explosivo que se trasladó del mercado de vivienda al mercado de suelo.

En efecto, la burbuja de precios de la vivienda implicó un boom en la construcción y la aparición de grandes empresas inmobiliarias que, amparadas por los préstamos que alegremente daba la banca, se adentraron en una alocada carrera de acaparación de suelo a cualquier precio. Era indiferente la localización del suelo, su calificación o si era previsible o no el crecimiento de la población en la zona… El suelo se había vuelto un bien apreciado y escaso y como, además, se financiaba apalancado, en ocasiones hasta al 100%, no comprar era perder la oportunidad de hacer el mayor negocio de la reciente historia de España. Como no podía ser de otra forma, esta carrera especulativa provocó, además de la elevación artificial del precio del suelo, una acumulación de crédito concentrado en las empresas inmobiliarias que a fecha de hoy, tal como ya hemos señalado, alcanza un valor que ronda el 30% del PIB.

¿Qué ha significado este proceso para el sector de la construcción? Durante todo el proceso expansivo el sector fue aumentando su peso en la economía, ininterrumpidamente desde el año 1997 al 2006, pasando de representar el 6,5% del PIB nacional al 10,75%. A partir de 2008 el sector colapsó pasando a tasas de crecimiento negativas del -7% y -7,3% en 2009 y 201038. Estas tasas negativas de crecimiento repercutieron en un brusco descenso de la inversión en el sector de la construcción, pasando de un máximo de casi seiscientas mil viviendas nuevas terminadas en el 2006, hasta llegar a doscientas dieciocho mil viviendas en 201039. El colapso del mercado y de la producción es aún más evidente cuando reparamos en las viviendas iniciadas. En el año 2006 se iniciaron 664.923, en 2010 fueron 63.090. Este ajuste drástico en la producción e inversión en el sector de la construcción incidió de manera dramática en el empleo. Entre el cuarto trimestre de 2007 y el segundo de 2011 se perdieron 2,286 millones de puestos de trabajo en la economía española, de los cuales 1,2 millones, el 52,7%, correspondieron al sector de la construcción40.

Como no podía ser de otra forma, el estallido de la burbuja inmobiliaria ha dado lugar a un proceso de deflación en el mercado de vivienda. Ahora bien, paradójicamente, el ajuste de los precios de la vivienda no se ha correspondido con el ajuste comentado de las cantidades, producción y empleo. El precio de la vivienda llegó a su máximo en 2008, alcanzando los 2.071 euros/m2, y a partir de entonces dicho precio ha descendido hasta un precio de 1.765 euros/m2 en 2011, un nivel similar al existente en 200541. Teniendo en cuenta que 1998 fue el primer año en el que el incremento interanual de precios de la vivienda fue mayor al IPC anual y si consideramos que la revalorización razonable de la vivienda debiera ser igual a las variaciones del IPC (una revalorización del 42,8%), actualizando el precio de la vivienda entre 1998 a 2011 el precio de la vivienda en 2011 debería ser de 1.075 euros/m2.

Es decir, una previsión nada descabellada es que para que termine el proceso de deflación, el precio de la vivienda debería descender prácticamente un 50% desde su valor máximo de 2007. Teniendo en cuenta que el descenso del precio apenas lleva recorrido, hasta mediados de 2011, un 15%, es claro que a la deflación en el precio de la vivienda le queda todavía un largo trecho a recorrer. Más aún si tenemos en cuenta que según estimaciones del Ministerio de Fomento, a diciembre de 2010 existía un stock de vivienda nueva sin vender de 687.523 (un 2,67% del parque total de viviendas)42.

En definitiva, nos encontramos con un sector de la construcción de vivienda totalmente paralizado por la deflación, que apenas produce, que acumula un stock de vivienda sin vender suficiente para atender la demanda de varios años y que curiosamente mantiene unos precios muy por encima de los que se corresponderían con esa situación.

Esta nueva paradoja, ya es la segunda, tiene de nuevo su explicación en el sistema financiero, en concreto en que son los bancos los que están sosteniendo el valor de los activos mediante su retención en los balances, aceptando daciones en pago, transformando los préstamos de las grandes inmobiliarias en acciones, etc. En definitiva, haciendo cualquier cosa para conseguir que no afloren las pérdidas que los llevarían a la quiebra. Todo ello financiado mediante la barra libre de la que disponen en el Banco Central Europeo, con las ayudas del FROB y, tal como ya hemos explicado, gracias a la manipulación contable que les concedió el Banco de España para mantener el valor de los activos en los balances. Con esta política los bancos han conseguido no reconocer las pérdidas pero, a cambio, el sector de la construcción está totalmente paralizado, porque todos los demandantes saben que los precios seguirán bajando, lo que impide que mejore la producción y el empleo. Como dijimos el reverso de la moneda.

Evidentemente, mientras no se ajuste el precio de la vivienda y el suelo es imposible reactivar el sector y generar empleo en el mismo. El sector de la construcción podría reactivarse si el precio de la vivienda se ajustase rápidamente y los demandantes cambiasen sus expectativas de deflación a estabilidad o inflación, sin embargo el sector de la construcción está atrapado por el mayor fallo que puede tener un mercado: producir precios por encima de los reales.

Claro está que el ajuste rápido de los precios implica unas pérdidas para los tenedores de los activos, los bancos y las inmobiliarias, pero el no ajuste significa pérdidas para toda la sociedad. Dicho de forma simple, los bancos tienen que perder ya para que se ponga en marcha la economía real. En definitiva, tal como hemos dicho más arriba, es urgente, también para el sector de la construcción, que la modificación de la Circular 4/2004 del Banco de España se lleve a cabo lo antes posible, que se intervengan los bancos que sean necesarios, se depuren sus activos y se cree el banco liquidador que ponga rápidamente los activos en el mercado para que se ajusten los precios.

El reconocimiento más evidente de que los precios de la vivienda están inflados lo ha hecho el propio Gobierno. En efecto, con la intención de bajar el precio de la vivienda, en agosto de 2011 el Gobierno ha acordado una rebaja transitoria del IVA de la vivienda al 4%. Dicha medida además de un nuevo regalo a bancos e inmobiliarias, en este caso con cargo directo a las arcas públicas y por tanto en detrimento de los servicios públicos dadas las limitaciones del déficit, supone el reconocimiento de que las viviendas están sobrevaloradas y, desgraciadamente, un nuevo aplazamiento del ajuste real de precios de la vivienda y con ello un alargamiento de la contracción del crédito y de la crisis. De nuevo salvar a los bancos a cargo de los ciudadanos. En cualquier caso es evidente que la rebaja del IVA es un reconocimiento de que el sector sigue en depresión y con expectativas claras de deflación.

Ahora bien, la necesidad de un ajuste urgente del precio de la vivienda no debe hacernos olvidar la obligación del gobierno de plantear un cambio en la política de vivienda con el fin de garantizar que lo ocurrido no vuelva a suceder. Hasta ahora las políticas de vivienda se han dedicado básicamente a aumentar el stock de viviendas (promoción pública y privada de viviendas de protección oficial o de precio tasado, aportación de suelo público…) o bien a disminuir las cargas financieras de las familias (subvenciones directas, subvención de tipos de interés a familias de escasos recursos, deducción en el IRPF,…). En realidad las políticas de vivienda jamás se han fijado como objetivo la reducción del precio de la vivienda. Tal es la situación que ni tan siquiera se disponen de estadísticas de precios medios oficiales de la vivienda, ya que las mismas comenzaron a mal elaborarse hace apenas unos años, cuando se creó el extinto Ministerio de Vivienda.

Desde nuestro punto de vista, el cambio estructural debe materializarse en que la nueva política de vivienda fije un objetivo explícito de precio de la vivienda. Una cantidad de no más de 3 o 3,5 veces la renta media de las familias puede ser un objetivo de precio de la vivienda adecuado. Con ese objetivo, la política de vivienda debe constar de dos partes: una política de demanda contractiva a corto plazo y una política, a medio y largo plazo, de aumento del stock de vivienda para estabilizar el precio en ese nivel. En la actual coyuntura económica, de depresión del sector inmobiliario, la política de demanda contractiva no es necesaria, pero para el futuro, una vez que el sector se reactive debe ponerse en práctica, con el objetivo de reducir drásticamente la parte de la demanda de vivienda que se realiza como inversión, es decir la que tiene por objetivo utilizar la vivienda como un activo más para obtener plusvalías especulativas.

Uno de los factores que favorece la demanda de vivienda como inversión es el trato fiscal favorable que reciben las plusvalías en el impuesto sobre la renta y, sobre todo, el IVA reducido al que está sometida la construcción de vivienda. Curiosamente, hemos terminado con la deducción por vivienda generalizada en el IRPF aduciendo motivos de justicia y seguimos manteniendo un tipo reducido, ahora transitoriamente superreducido, que se aplica a cualquier clase de vivienda.

Para evitar la demanda especulativa de vivienda es necesario que la compra de vivienda nueva se grave al tipo general del IVA, y que el impuesto de transmisiones patrimoniales se equipare a éste, de forma que sólo las viviendas adquiridas por beneficiarios de protección oficial tendrían el tipo reducido o incluso podrían estar exentas. Evidentemente ello supondría un incremento radical del precio de la vivienda para el comprador que no fuese beneficiario de la protección oficial, no obstante este incremento podría eliminarse para los que adquieren la vivienda para uso habitual permitiéndoles la deducción del incremento del IVA o del impuesto de transmisiones patrimoniales en la declaración del IRPF, con ello la reforma sería neutral para la compra de vivienda habitual pero estaría muy gravada para los especuladores.

Junto a la política fiscal sería imprescindible un control efectivo de la política crediticia. En efecto, dado que la adquisición de vivienda casi siempre está apalancada, es decir financiada con un crédito hipotecario, las condiciones crediticias influyen de forma decisiva. Es necesario que el Banco de España, tan amigo de controlar la inflación, establezca una política específica del control del crédito para controlar la inflación en el precio de la vivienda, con el fin de evitar situaciones de expansión explosiva de las hipotecas.

En concreto, para evitar la ilusión financiera que produce el alargamiento de los plazos de amortización y la caída de tipos de interés, el Banco de España debería establecer la limitación del crédito hipotecario en el 80% del objetivo de precio fijado por la política de vivienda. Es decir debería desaconsejarse a la banca prestar más de 2,4 y 2,8 veces la renta familiar para adquirir vivienda habitual y segunda residencia vacacional.

Esta medida, además de controlar el precio de la vivienda también permitiría dejar de depender de las agencias de tasación, cuyo funcionamiento ha sido tan nefasto como el de las agencias de rating. Las tasadoras, en muchos casos propiedad o participadas por los propios bancos, han alterado y siguen alterando los valores de tasación en función de las directrices de los bancos, contribuyendo así primero a la burbuja financiera y ahora a que no se ajuste el precio de la vivienda. Con esta metodología el valor de tasación dejaría de ser la referencia del tamaño del crédito hipotecario y sólo sería necesario al banco para conocer el valor de la garantía.

Esta última cuestión nos introduce en un debate actual pero que tiene trascendencia más a largo plazo: la dación en pago. Uno de los principales problemas de la actual regulación hipotecaria es que los préstamos hipotecarios tienen una garantía personal adicional. Esto significa que si la ejecución de la hipoteca no cubre el importe de la deuda hipotecaria los prestatarios responden con el resto de su patrimonio y rentas personales. Con esta sobre-garantía se produce un fallo del mercado que los economistas denominan riesgo moral, que consiste en este caso en que el banco tiene incentivo a ofrecer un importe superior del préstamo y a sobrevalorar la vivienda ya que si la ejecución de la hipoteca no cubre la deuda el prestatario sigue obligado personalmente a devolver. La cláusula de la dación en pago tiene la virtud de que cambiaría el comportamiento de los bancos y los induciría a ser conservadores en la valoración de la vivienda y, en consecuencia, a ser prudentes en la concesión de créditos.

La otra parte de la política de vivienda debe ser el manejo del stock de vivienda y su evolución. En este aspecto, además de una construcción ágil de vivienda, algo para lo que por cierto la economía española está especialmente preparada y no requiere medidas especiales, es imprescindible afrontar de forma definitiva la solución a las viviendas desocupadas. El censo de vivienda de 2001 estimaba 3,1 millones de viviendas desocupadas de un parque de casi 21 millones, es decir un 14,8%, un porcentaje muy similar al de segundas residencia43. Las viviendas ociosas son una inversión social improductiva y, por tanto, la tenencia de vivienda sin más no debe convertirse en negocio especulativo; es más, debe estar penalizada fiscalmente. Actualmente esa sanción es escasa e imperceptible en el IRPF.

Es necesario que el sistema fiscal incorpore un impuesto especial, de carácter local separado del IBI, sobre las viviendas desocupadas, con un tipo impositivo lo suficientemente alto para evitar que éstas existan. Una posibilidad sería aplicar un tipo equivalente al 50% del valor del alquiler estándar de la localidad o distrito cuando las viviendas no estén ofertadas para el alquiler en una agencia inmobiliaria reconocida oficialmente. Es evidente que, con ese tipo impositivo, los propietarios serían gravemente sancionados y la vivienda adquirida con fines especulativos sería una mala inversión.

En definitiva, lo mismo que debemos conseguir que el negocio bancario sea aburrido también debemos conseguir que la vivienda nunca más sea la contraparte de las burbujas financieras. Teniendo en cuenta que la inversión en vivienda y suelo es improductiva y compite y desplaza a la inversión de las empresas, lo mejor para la economía y la sociedad es que las viviendas se construyan única y exclusivamente para ser ocupadas.

Garantizando la justicia tributaria y la suficiencia financiera del Estado del Bienestar

Entre los cambios estructurales más necesarios de nuestra economía, la reforma del sistema tributario destaca sobremanera. En efecto, uno de los objetivos del liberalismo económico ha sido hacer descansar la función de redistribución de la renta y la riqueza sobre el gasto público. Según la teoría liberal, los impuestos, sobre todo los directos (los que gravan la renta y la riqueza), producen pérdidas de eficiencia (desincentivos al trabajo y al ahorro, menor crecimiento económico, cambios en decisiones económicas de trabajo, inversión, ahorro, consumo…), por ello hay que reducir lo más posible su presencia en la economía y tender a tipos impositivos generales e iguales para todos. Eso significa sacar el objetivo de redistribución del sistema fiscal, con independencia de que ello suponga producir desigualdades de renta nunca antes vistas.

Siguiendo este criterio liberal, el sistema impositivo en España ha llegado a ser prácticamente proporcional a la renta, lo que quiere decir que todos los grupos de renta soportan el mismo tipo impositivo total y, por tanto, que el sistema fiscal no redistribuye y que no cumple el artículo 31 de la Constitución: “Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio.” (El subrayado es nuestro).

Este incumplimiento, que no era tal en el diseño fiscal establecido en los Pactos de la Moncloa, se ha ido generando con el paso del tiempo. Así, el principal impuesto redistributivo, el IRPF, ha perdido claramente progresividad y capacidad redistributiva. Un estudio de Onrubia et al. (2007)44 explica el cambio de política tributaria que se produjo durante la presidencia de Felipe González. En el período 1982-1988 la progresividad proveniente de la tarifa del IRPF (que explica el 90% de la progresividad de este impuesto) experimentó una fuerte subida, que se quebró con la caída que se produjo entre 1989 y 1992. Asimismo la capacidad redistributiva del IRPF aumentó enormemente entre 1982 y 1990 permaneciendo estable a partir de ese año hasta 1998. A partir de 1999, un estudio posterior de Onrubia y Picos (2011)45 pone de manifiesto que la progresividad y la capacidad redistributiva del IRPF han ido reduciéndose progresivamente.

Este proceso ha sido paralelo a un cambio en la distribución de la carga entre fuentes de renta, de forma que ha disminuido notablemente la carga fiscal que soportan las rentas empresariales y del capital y ha aumentado la presión fiscal sobre las rentas del trabajo. Los datos46 muestran que, desde 1995 a 2010, el tipo medio que soportan las rentas del capital mobiliario han disminuido desde el 25% al 19%, el tipo medio sobre las rentas empresariales desde el 11% al 9,1%, y el tipo medio soportado por las rentas del trabajo han aumentado desde el 11,5% al 12,2%. Además, el tipo medio del impuesto de sociedades ha disminuido desde el 22% al 16,7%. Todo esto hace que la presión por la imposición directa haya experimentado una disminución desde el 12,3% en 1995 al 11,5% en 2010. Es decir, la carga fiscal derivada de los impuestos directos ha disminuido en los últimos años.

Además, las sucesivas reformas legislativas han producido una merma de la progresividad del IRPF al incidir en el elemento que más contribuye a la progresividad, la tarifa del impuesto. El número de tramos de la tarifa ha ido disminuyendo de una manera drástica, desde 34 tramos existentes a principios de los 80 a 4 tramos existentes en la actualidad, y, por supuesto, ha disminuido el tipo marginal máximo. Asimismo se ha ido disminuyendo paulatinamente la carga sobre las rentas del capital mobiliario y las ganancias patrimoniales hasta llegar a la situación actual, donde el IRPF se configura como un impuesto dual, con dos bases imponibles: una general, a la que se aplica una tarifa progresiva, compuesta básicamente por las rentas del trabajo, y otra base, llamada del ahorro, que tributa a tipo fijo y que incluye las rentas y ganancias del capital. Es decir, son las rentas del trabajo las que soportan un mayor gravamen y además, sobre las que incide fundamentalmente la capacidad redistributiva del impuesto.

Pero no sólo lo anterior, incluso en la parte de renta que sí está sujeta a progresividad, las rentas del trabajo, también se ha producido la disminución del tipo marginal máximo en la tarifa del IRPF, justificado en el efecto desincentivador sobre la oferta de trabajo que produce unos tipos marginales altos. En la práctica esto ha supuesto que a partir de bases imponibles superiores a 240.000 el tipo medio disminuye a medida que crece la renta,47 lo que significa que la progresividad del impuesto se convierte en regresividad a partir de esa cantidad.

En cuanto al impuesto sobre sociedades, el tipo general del impuesto pasó del 35% en 1995 al 30% a partir de 2008. Además, para las empresas con una cifra de negocios inferior a 10 millones euros, se estableció un tramo de tributación a tipo reducido (se le aplica un tipo de 25% a los 120 mil euros de beneficio inicial). No obstante, el principal regalo fiscal a las rentas de capital lo constituye el tipo 0% a los fondos de pensiones y el tipo del 1% a los fondos de inversión y a las Sicav (sociedades de inversión de capital variable), ya que exime a las sociedades puramente financieras de pagar impuesto de sociedades.

En lo referido al IVA la evolución ha sido similar. Se han bajado los impuestos sobre los bienes consumidos por las rentas altas y se ha aumentado el gravamen sobre el consumo en general y sobre los bienes de primera necesidad. En efecto, desde su implantación, en 1986 hasta 1992, existieron el tipo general (12%), el incrementado (33% para bienes de lujo) y el reducido (6% para bienes de primera necesidad). En 1992, en aplicación de los requisitos de armonización fiscal indirecta establecidos en la Directiva 92/77/CEE, cómo no, se suprimió el tipo incrementado y se subieron el general (16%) y el reducido (7%) y se estableció un tipo superreducido (3%). Finalmente con la modificación de 2010 se han subido todos los tipos (general 18%, reducido: 8% y superreducido 4%).

En definitiva, los resultados de esta política impositiva liberal, que, como en la mayoría de los países desarrollados, también se ha aplicado en España, han sido: una disminución de la recaudación y por tanto del papel de los Estados en la economía; un aumento de la carga impositiva indirecta de los individuos en detrimento de la imposición directa; un aumento de la imposición sobre las rentas del trabajo y una disminución radical del gravamen soportado por las rentas del capital. Todo ello en pos de la eficiencia de un mercado que al final ha resultado ser un fiasco.

Otro factor fundamental que ha dañado gravemente la equidad del sistema impositivo ha sido el fraude fiscal, del cual se benefician en mucha mayor medida las rentas altas y, en concreto, las empresariales y provenientes del capital. En España la economía sumergida se sitúa en una horquilla del 20-25% del PIB, el doble que la media de la Unión Europea48. Esto supone un fraude de alrededor de 70.000 millones de euros al año. La deuda recuperada por la actuación de la Agencia Tributaria (básicamente liquidaciones de oficio) en los años 2005 a 2008 ronda los 28.000 millones de euros, lo que supone un 10% del fraude cometido durante esos cuatro años, que es el período de prescripción establecido por la Ley General Tributaria, cada vez más acortado gracias a la diligencia legislativa del liberalismo49. Los últimos datos ofrecidos por GESTHA50 correspondientes a 2010 son que las grandes empresas evadieron 42.711 millones de euros, las pymes y autónomos sumaron un fraude en torno a los 16.261 millones de euros y los particulares, en forma de plusvalías, arrendamientos, rentas del trabajo o del capital, alrededor de 1.543 millones. Es decir un total de 59.515 millones de euros, el doble del fraude laboral que rondaría los 30.370 millones de euros.

De un repaso detallado de estos estudios se deduce: primero, el enorme volumen de fraude fiscal existente en nuestro país; segundo, la incapacidad de la Agencia Tributaria para recuperar lo defraudado; y tercero, que el fraude fiscal beneficia en mucha mayor medida a las rentas altas y sobre todo las empresariales y profesionales.

En definitiva, la situación de la estructura tributaria actual y el fraude han ido quebrando la equidad distributiva. A la luz de las proclamas liberales, los Estados han hecho prevalecer como objetivo la presunta eficiencia de los mercados, que ya hemos visto que no es tal, y con ello han conseguido hacer bascular el sistema fiscal a favor de los intereses de la minoría con mayor renta y riqueza.

Pero es más, todas esas reformas fiscales se han aplicado sin que exista evidencia científica contrastada de que menos impuestos signifiquen más PIB per cápita, ni de que la tributación distorsione de manera relevante las decisiones económicas. De hecho, los países que históricamente han mantenido una tributación más alta y con una parte de imposición directa mayor, siguen manteniendo unos niveles de renta muy superiores de forma sistemática. Es decir, frente a la presunción liberal del efecto pernicioso de los impuestos, la realidad se muestra tozuda en su conclusión de que no existe un único camino y que, en gran medida, la estructura tributaria es una opción política. Para nosotros esa opción política pasa por que el sistema impositivo garantice que contribuya proporcionalmente más aquel que obtenga mayor renta y disfrute de más riqueza.

El sistema impositivo debe recuperar la progresividad y contribuir de manera efectiva a la política redistributiva, que en la práctica hoy ejerce únicamente el gasto social. Esta condición es indispensable si queremos disminuir las indecentes diferencias de ingresos que se han alcanzado en nuestra economía. La única vía posible de reducir las diferencias por la parte de las rentas más altas, y que así contribuyan a la equidad, es mediante la imposición, de ahí que la progresividad sea un elemento indispensable de justicia tributaria.

En la medida en que son los impuestos directos los que tienen capacidad redistributiva, hay que aumentar el grado de progresividad y la naturaleza de imposición global y sintética de los mismos, sobre todo del IRPF. Esto significa que: el diseño de la tarifa debe ser más progresivo, aumentando el número de tramos y aumentando los tipos marginales mínimo y máximo; las deducciones deben pasar de aplicarse en la base (son regresivas) a aplicarse en la cuota y deben ir destinadas a adaptar la cuota del impuesto a las circunstancias personales y familiares; deben eliminarse los regímenes especiales y por módulos y, evidentemente, las rentas de capital mobiliario y las ganancias patrimoniales deben someterse a la misma tarifa progresiva que las rentas procedentes del trabajo y de actividades empresariales y profesionales. Por otra parte, se debe restablecer definitivamente el impuesto sobre el patrimonio, que debe ser progresivo, hasta que la combinación de IRPF e impuesto de patrimonio alcance el 50% de la renta, y aumentar el grado de progresividad del impuesto sobre sucesiones y donaciones.

En cuanto al impuesto de sociedades habría que volver al tipo del 35% y reducir las deducciones y es evidente la necesidad de terminar con el trato favorable dado a las Sicav y a los fondos de inversión y de pensiones. Tal como ya se ha señalado, la gran recesión que atravesamos tiene su origen en un exceso de ahorro. La teoría liberal recurre a la ecuación ahorro=inversión real, sin reparar que entre ambas magnitudes se interponen los mercados financieros. Lo que ha demostrado la realidad es que el exceso ahorro se transforma en especulación. Es decir desgravar el ahorro no implica más inversión productiva, sino que favorece las burbujas y lo que consigue es que las grandes rentas eludan sus obligaciones fiscales, ya que son estos contribuyentes los que ahorran la mayor parte de su renta.

Además, en el caso de los planes de pensiones, su aparente buena finalidad de fomentar una mejor jubilación es, en realidad, un simple reclamo publicitario. Carece de cualquier lógica económica desgravar las aportaciones a los planes de pensiones, que se realizan precisamente durante la época de la vida de los sujetos en los que las familias están más desahogadas económicamente, y gravar las pensiones, precisamente cuando los ingresos son mucho menores. Si de verdad queremos favorecer a los jubilados, y no a la banca, lo que tenemos que hacer es gravar la aportación al fondo de pensiones y eximir de impuestos la pensión.

Finalmente, en cuanto al IVA, es necesario recuperar el tipo de IVA incrementado. Es indecente que la adquisición de un diamante o la cuota a un club de golf pague el mismo IVA que comprar algo tan necesario como un frigorífico o una camisa. Hay artículos que evidentemente son de lujo, que los adquieren mayoritariamente las rentas altas y que deben estar mucho más gravados.

En definitiva, hay que aumentar la capacidad redistributiva de los impuestos. Un modelo a seguir en este sentido es el de los países escandinavos. Países que, a pesar de mantener una presión fiscal, sobre todo directa, altísima, no por ello se han visto penalizados en términos de renta per cápita. Por el contrario, son países con niveles de desarrollo económico y humano de los más altos del mundo.51

Por otro lado, es absolutamente intolerable el fraude fiscal existente en nuestro país. Además, con la presente crisis económica se hace imprescindible abordar de forma definitiva la lucha contra el fraude en los impuestos, para garantizar que el coste de los servicios públicos sea justamente distribuido. Las medidas tomadas hasta la fecha se han mostrado ineficaces y, por tanto, se requiere una política decidida para hacer justicia en la tributación.

Por otra parte, la prescripción acelerada del fraude, su despenalización efectiva, los procedimientos limitativos de la inspección, etc. todos ellos aprobados en la primera legislatura del Gobierno Aznar y posteriormente mantenidos por los Gobiernos de Zapatero, han hecho de este país un ejemplo de paraíso del fraude con el que hay que acabar utilizando medidas radicales de penalización y de favorecimiento del procedimiento inspector. A tal efecto las 50 medidas propuestas por los inspectores de hacienda en 200652 deberían ser un punto de partida de mínimos de cualquier programa electoral socialdemócrata.

Estas medidas para volver a un sistema fiscal progresivo y debidamente controlado son un cambio estructural indispensable para el futuro del Estado del Bienestar y de nuestra economía. En términos PIB, nuestro país tenía en 2009 una presión fiscal equivalente al 18,7% del PIB (sólo tenían menos presión fiscal que nosotros en Europa Lituania, Letonia, Rumania y Eslovaquia). Mientras, la media de presión fiscal de los 27 miembros de la Unión estaba en el 25,6% del PIB y la de los miembros de la unión monetaria en el 26% del PIB. Es decir España estaba por debajo en un 6,9% y un 7,3%, respectivamente. Eso quiere decir que gran parte, sino todos, de los problemas del déficit tienen su origen en las rebajas fiscales y que, por tanto, la solución pasa no por los recortes presupuestarios, sino por ampliar los ingresos por impuestos.

Es decir, el problema del déficit no es la falta de rigor en el gasto, lo cual es totalmente falso, son las vacaciones fiscales permanentes que le hemos dado a muchas fuentes de renta y a los más pudientes. Por tanto, para salir de los problemas de déficit debemos al menos alcanzar el valor medio de ingresos de los Estados de la Unión. Ello supondría conseguir una estructura presupuestaria suficiente y permanente que nos evitará problemas en el futuro.

Recuperando instrumentos públicos para el cambio productivo

Como ya hemos dicho la estructura productiva en nuestra economía viene dada por el mercado, ahora bien ¿juega algún papel el sector público en la composición de esa estructura productiva? La verdad es que bastante importante en el conjunto, pero mucho menos significativo que el que algunos pretenden hacernos ver.

En efecto, la acción del gobierno afecta mediante el gasto que realiza, igual que lo hacen las familias cuando consumen. Si el gobierno decide gastar en carreteras orienta la producción a la construcción, si gasta en armamento orienta la producción hacia la industria, si subvenciona la agricultura orienta la producción hacia ese sector, si decide gastar en educación y sanidad aumenta el peso de los servicios. El Estado también incide mediante la regulación, aunque en este caso, más que a nivel agregado, es en sectores concretos de actividad. Así, si sometemos, como ocurre en España, a fuertes restricciones la apertura de farmacias entonces esta parte del sector servicios genera menos producción y empleo. O por ejemplo, si, como ha decidido Merkel en Alemania, se elimina la energía nuclear, ello puede influir de forma muy importante en la producción industrial de componentes para energías renovables y va a tener efectos en otros sectores como la investigación científica. Finalmente, el gobierno también influye mediante los tributos, más tributos penaliza a un sector, menos tributos lo favorece.

Como ya hemos señalado, en España hay dos sectores especialmente beneficiados fiscalmente: el sector financiero y la construcción. Precisamente los dos sectores en los que se ha gestado la burbuja. El sector financiero tiene trato fiscal favorable en tanto todas las Sicav, fondos de inversión y fondos de pensiones tienen un tipo del 1 ó 0% en el impuesto de sociedades. También tiene trato fiscal favorable porque la tributación de los rendimientos del capital no es progresiva en el IRPF. Además las actividades financieras están exentas de IVA y todas las operaciones a la compraventa de activos financieros (operaciones de bolsa…) y operaciones de capital societario están exentas de impuesto de transmisiones y/o actos jurídicos documentados. Es decir tenemos un sector, el financiero, que está exento totalmente de tributación indirecta y que en la directa tiene tipos incomprensiblemente cercanos a la exención. Es evidente que la carencia de carga fiscal ha inducido a una sobredimensión del sector financiero en España.

El segundo gran sector favorecido por el tratamiento fiscal es la construcción de vivienda. En nuestro país, además de la deducción por vivienda en el IRPF, que hasta época muy reciente no se ha modificado, existe un trato fiscal muy favorable a la compraventa de vivienda. El tipo impositivo del IVA es el tipo reducido, de forma que comprar una vivienda nueva de mil metros en la Castellana paga el mismo IVA (el 8%) que comprar un litro de leche. Esto, además de una clara injusticia tributaria, es un incentivo a la producción de vivienda frente a otros bienes y, por extensión, favorece la especulación. Tendencia que se ve reforzada por la tradicional incidencia del fraude en el sector.

En resumen, a pesar de que es el mercado el que en último término decide nuestra estructura productiva (nuestras decisiones de consumo, inversión y trabajo, básicamente), el presupuesto público y la regulación pueden tener alguna incidencia en la misma. Ahora bien, la verdadera capacidad de incidencia se produce cuando la regulación, el gasto y/o los impuestos concentran su actividad incentivadora o penalizadora en sectores concretos. Por ejemplo, es evidente que las subvenciones agrarias de la PAC representan una gran parte de la renta agraria y son las causantes de que la dimensión del sector agrario no haya reducido mucho más su participación en el PIB. De igual modo que los elevadísimos beneficios fiscales que tienen las finanzas y la vivienda han repercutido de forma relevante en esa hipertrofia económica que hemos denominado burbuja inmobiliaria y financiera.

Ahora bien, ¿sólo la regulación y los presupuestos pueden incidir en la estructura productiva?, ¿es posible que existan otros sujetos distintos que puedan incidir en la orientación de la producción? La respuesta es claramente afirmativa, ya que hay sujetos que por su actividad pueden tener una influencia decisiva en la estructura productiva. En concreto, el sector financiero también es determinante en la estructura económica, puesto que la financiación juega un papel clave en la inversión en capital físico de las empresas y en una parte importante del gasto de las familias (la inversión en vivienda y el consumo de bienes duraderos como automóviles, mobiliario, electrodomésticos…) y, por tanto, tiene gran influencia en la tarea de asignación de la producción.

Siendo esto así, dado que el liberalismo impuso una desregulación total de la asignación del crédito, ha sido el mercado financiero el que ha impuesto la distribución del crédito y con ello ha condicionado la estructura productiva. Con un ejemplo lo entenderemos. Si en un momento determinado los bancos deciden fomentar el crédito para financiar viajes vacacionales, abriendo líneas de crédito de fácil acceso, el resultado será un aumento de la demanda de viajes que fomentará la aparición de nuevas agencias de viajes, nuevos servicios turísticos,… Es decir, aumentará el peso del sector servicios.

Pues bien, al igual que ha ocurrido en otros países ahora (USA, Gran Bretaña, Irlanda o Islandia) y en otras épocas (Japón, Suecia,…), el mercado financiero español se ha dedicado a inyectar de forma sistemática dinero en el sector inmobiliario, haciendo que el modelo productivo se escorase hacia los servicios financieros y la construcción. Siguiendo lo ya expuesto en otros apartados, la descripción del proceso es bien simple: la caída de los tipos de interés y el aumento de los plazos de amortización de los préstamos hipotecarios, originados por la unión monetaria, provocaron un aumento de la demanda de vivienda; ese aumento de demanda se tradujo en un incremento del precio de la vivienda y de las ganancias en el sector inmobiliario y de la construcción; el sector financiero abrió el grifo para prestar más dinero, que obtenía fácilmente con la garantía inmobiliaria (AAA); los préstamos de los bancos a las inmobiliarias se hicieron de cuantías mil millonarias, para construir, comprar suelo, comprar otras empresas y las cuantías de los préstamos a los particulares para adquirir la vivienda eran cada vez mayores; cuanto más dinero entraba más viviendas se construían y más crecían todos los sectores asociados a la construcción, apareciendo por doquier promotores, sucursales bancarias, agencias inmobiliarias, prestamistas...

En definitiva, el desequilibrio de la estructura productiva de nuestro país a favor del ladrillo fue alimentado por el libre funcionamiento del mercado de crédito, que es el que ha determinado que se infle en demasía el sector inmobiliario a costa del resto de sectores de la economía. Según los datos del Banco de España53, si en el año 2000 las actividades inmobiliarias acaparaban el 14,75% del total de créditos a actividades productivas, en el 2007 lo hacían en el 32,2%. El sector de la construcción pasó del 14,1% al 16,3% y los restantes sectores vieron descender dichos porcentajes, sobre todo el sector industrial, desde el 26% al 15%. Asimismo, mientras el crédito total a los sectores productivos (en euros corrientes) se multiplicó por 5,30 veces entre 1995-2007, el crédito para actividades inmobiliarias se multiplicó por 24,14 veces. Y en cuanto a las familias, el crédito para la adquisición de vivienda pasó de 160.819 millones de euros en el año 2000, a 611.483 millones de euros en 2008.

Como era de esperar, el proceso de desregulación de la asignación del crédito tiene su origen en la modificación de los Tratados de la Unión, que, tal como hemos visto, liberalizaban totalmente los mercados financieros. Los Tratados de la Unión y la Ley de Autonomía del Banco de España atribuyeron las funciones de ejecución de la política monetaria y de supervisión del mercado crediticio al Banco Central Europeo y el Banco de España, respectivamente. Organismos ambos con plena autonomía y a los que el gobierno no les debe ni tan siquiera aconsejar. El resultado fue un mercado financiero libre y la ausencia de la más mínima intención por parte de las autoridades monetarias de inmiscuirse en la distribución del crédito. En definitiva, fue la desregulación promovida por los liberales y adoptada por los Tratados de la Unión la responsable última de que la libertad de concesión de créditos degenerase en la mayor burbuja financiera de los últimos siglos de historia de España.

Pues bien, tal como ya hemos descrito, esta libertad no existía con anterioridad. Dado que los bancos tenían el privilegio del préstamo de los depósitos, las autoridades se reservaban el derecho de orientar una gran parte de los créditos a través de los coeficientes de inversión obligatoria. Estos coeficientes han sido siempre, además de una garantía para los depositantes, un instrumento de la política económica para la orientación de la producción. La renuncia que en su día se hizo y que llevó a perder una gran capacidad de influencia en la estructura productiva debe ser recuperada.

Los mercados orientan los préstamos hacia la consecución de beneficios a muy corto plazo y los concentran en sectores de elevada liquidez y, por ello, en mercados con potencial especulativo. La vuelta a la banca aburrida nos debe llevar a que la autoridad monetaria nacional asuma algo más que la mera supervisión bancaria. Para esa misión no hace falta un Banco de España, con unos cuantos inspectores de finanzas enmarcados en el Ministerio de Economía tendríamos suficiente. La autoridad monetaria debe tener capacidad de incidir en la orientación del crédito para así cumplir no sólo con el objetivo de controlar la inflación sino también procurar el pleno empleo y la estabilidad financiera.

Consecuentemente, proponemos restablecer los coeficientes de inversión obligatorios para las entidades de crédito, regulados en su día por la ley 13/1985, de 25 de mayo, (y por los Reales Decretos 2254/1985 de 20 de noviembre y 321/1987, de 27 de febrero), pero totalmente suprimidos por el Real Decreto 37/1989, de 13 de enero, a partir de 1 de enero de 1993 (supresión justificada en dicho R. Decreto en aras a “la liberalización del sistema crediticio y financiero”). La propuesta consistiría en la determinación por el Banco de España de los sectores en los que las entidades de crédito deberían obligatoriamente invertir, mediante el establecimiento de coeficientes sobre su pasivo ajeno (sus depósitos) para los distintos tipos de inversión estipuladas. En la ley 13/1985 se establecía que dicha inversión obligatoria debería ir destinada a la compra de títulos de Deuda Pública, por un lado, y también, por otro, con objetivo del “fomento de la exportación, inversión o empleo, la protección de los sectores atrasados o la reestructuración de la economía y la atención de necesidades de carácter social”.

Este instrumento, que consideramos muy poderoso, con objetivos actualizados, debería constituir la parte financiera de una política económica de orientación de la actividad productiva. Debemos acostumbrarnos a que en nuestra regulación exista una ley general de orientación del modelo productivo que vaya definiendo de forma estratégica la incidencia que el Estado pretende en el modelo productivo. Dicha estrategia pasa en estos momentos por concentrarnos en deshacer la orientación productiva de los últimos años, gravando como al resto de sectores al sector financiero y a la vivienda, y por evitar que el crédito siga concentrándose en el sector inmobiliario y en los mercados financieros.

La Estrategia para una Economía Sostenible aprobada por el gobierno en Noviembre de 2009 y la recientemente aprobada Ley de Economía Sostenible (ley 2/2011, de 4 de marzo), responden a esta filosofía pero, en tanto no ataquen los privilegios en fiscalidad y en crédito que disfrutan los sectores de la burbuja y se reorienten los excedentes de recursos y crédito hacia las actividades que se pretenden promocionar el cambio de modelo productivo que se pretende seguirá siendo un objetivo y no una realidad.

El reparto de trabajo como mecanismo estructural de ajuste del empleo

Como ya hemos dicho, entre el cuarto trimestre de 2007 y el segundo de 2011 la crisis económica ha dado lugar a la pérdida de 2,286 millones de puestos de trabajo. Más del 50% eran de trabajadores de la construcción y muchos otros proceden de sectores afines como la industria asociada a la construcción, el sector financiero, las inmobiliarias, … Es decir, el estallido de la burbuja inmobiliaria y la financiera ha producido un paro inmediato, lo que significa que el mercado de trabajo español, al que tanto se acusa de inflexibilidad y sobre el que han recaído ya varias reformas para, según los liberales, hacerlo más flexible, ha permitido el despido de millones de trabajadores sin que las empresas hayan tenido problemas para hacerlo.

Desde hace tiempo venimos siendo sometidos a la sistemática embestida de los economistas liberales, que una y otra vez acusan a nuestro mercado de trabajo de inflexible y generador de desempleo. Estos economistas, que evidentemente se basan en el supuesto de eficiencia de los mercados, señalan que la liberalización de las relaciones laborales producirá un aumento del empleo ya que se eliminará el desajuste entre oferta y demanda que se produce por la rigidez de los convenios y por el desincentivo a contratar que suponen las elevadas indemnizaciones por desempleo. Además se curan en salud y como las reformas son “medidas estructurales” afirman que para ver sus efectos tienen que pasar muchos años, tantos que cuando no se cumplan ya ni ellos se acordarán de esas medidas que defendían.

Implícitamente estas teorías se basan en la concepción de que la oferta crea demanda (produce que alguien lo comprará), un principio liberal tan antiguo casi como la ciencia económica. La crisis económica y la ineficacia de las medidas de desregulación que se están tomando han dejado claro que las teorías del funcionamiento eficiente del mercado de trabajo son más papel mojado. De hecho, es su prejuicio ideológico liberal el que les impide reconocer que la demanda de trabajo es una demanda derivada de otra demanda, la de bienes y servicios, y que si los ciudadanos no demandan bienes y servicios por muy fácil que sea despedir y contratar no habrá más empleo (si no hay quien compre una casa o un automóvil no se fabrican y no hay puestos de trabajo).

En realidad, la economía es siempre una combinación de oferta y demanda (ni se puede obviar una ni otra) y el problema consiste en reconocer desde qué parte de la economía vienen los problemas. En materia de mercado de trabajo, como en el resto de materias, los liberales están tan impedidos por sus prejuicios como en los setenta y ochenta estuvieron impedidos los economistas keynesianos, por eso no reconocen con qué tipo de crisis nos enfrentamos y no dan respuestas adecuadas a la misma.

Nos encontramos ante una crisis de demanda, con una situación de contracción del crédito que dura más de tres años, con una deflación en el mercado de la vivienda que tiene paralizada la construcción y con unas políticas económicas que lo que hacen es contraer también la demanda del sector público. Por mucho que reformemos el mercado de trabajo en el sentido propuesto por los liberales no va a tener ningún efecto (bueno puede que sí, bajar los salarios y por tanto bajar más la demanda). En el sector de la construcción hemos perdido más de un millón de puestos de trabajo directos y eso no tiene nada que ver con el sistema de contratación que precisamente en ese sector siempre es eventual (por obra y servicio determinado), sino que tiene que ver con que no se construye porque no hay demanda. Así de simple y así de sencillo. Es decir, nuestro desempleo tiene más que ver con la falta de demanda de bienes y servicios y con la estructura productiva que con la regulación del mercado de trabajo.

Además, desde nuestro punto de vista, probablemente la excesiva flexibilidad del mercado de trabajo, amparada en las teorías de la flexi-seguridad haya tenido más que ver con la alta tasa de desempleo que lo contrario. De hecho, lo que pone de manifiesto el funcionamiento de nuestro mercado de trabajo es que en pos de la flexibilidad de la contratación, contratar temporalmente y despedir es tremendamente fácil en España. Es decir, tenemos un mercado de trabajo que se ajusta rapidísimamente en cantidades, en empleos, contratando y despidiendo. ¿Podría estar ocurriendo que la proliferación de contratos temporales esté asociada al sinfín de contratos que un día sí y otro también ponemos en marcha? ¿No será más cierto que la temporalidad se debe fundamentalmente a que la legislación incentiva la temporalidad y por tanto el ajuste por la vía de la no renovación de contratos y por tanto del despido?

En realidad, desde los años ochenta se han ido produciendo cambios en la legislación empujados por los vientos liberales de la Unión. De forma más o menos sigilosa y en pos de esa supuesta eficiencia del mercado, que teóricamente debía llevar a la economía al pleno empleo cuando las empresas tuvieran libertad absoluta para operar, los gobiernos de uno y otro signo fueron asumiendo que las relaciones laborales habían de ser desreguladas. Esta estrategia se intensificó a partir de los años noventa en Europa tras el cambio de rumbo del socialismo francés hacia posiciones social-liberales (el informe Delors, presidente de la Comisión Europea en aquellos momentos, para el Parlamento Europeo es un buen ejemplo de ese cambio).

Lo cierto es que, al amparo de las consignas liberalizadoras de Maastricht, ninguno de los dirigentes europeos, de uno y otro signo, pusieron en duda la “necesidad imperiosa” de dar flexibilidad a las empresas en sus políticas de personal y, si bien en 1997, en la cumbre de Lisboa, se añadió al Tratado un nuevo título sobre “Empleo”, se aprovechó la ocasión para introducir la aprobación de esas materias por mayoría cualificada en lugar de por unanimidad y se plagó el texto de referencias a la flexibilidad.

De hecho, en la legislación vigente podemos ver que, transcurrido un tiempo, las medidas “flexi” fueron decididamente impulsadas por los gobiernos de todos los Estados y por la propia Unión Europea (Agencias Privadas de Empleo -antes Empresas de Trabajo Temporal y ahora reconocidas oficialmente como agencias de transición, movilidad geográfica, …) mientras que las medidas “seguridad” quedaron limitadas al aumento de los servicios de empleo, los cursos de formación y algún tipo de subsidio temporal en casos puntuales.

En esa escalera liberalizadora, el último peldaño lo constituyó el Libro Verde de 2006, “Modernizar el Derecho Laboral para afrontar los retos del siglo XXI”. En él la Comisión Europea puso encima de la mesa un idea base: el derecho laboral tiene que ser un mero instrumento al servicio de la economía, o sea, para que nos entendamos, del mercado. Esta vez el objetivo era la línea de flotación de la defensa de los trabajadores, la legislación que reconoce y recoge sus derechos. El argumento era como siempre simple y por supuesto demagógico: la legislación sobre el trabajo se había quedado anticuada y no se adecuaba a los retos de la nueva economía, ya que proteger el empleo frenaba el progreso económico, encarecía la actividad productiva y restringía la competencia. O sea, más de lo mismo, el mercado ultraliberal “perfecto” lo arreglaría todo si lo dejábamos funcionar.

La fuerte oposición a este documento, incluida la de la Confederación Europea de Sindicatos54, hizo que en 2007 se presentase un nuevo documento “Hacia los principios comunes de la flexiseguridad: más y mejor empleo mediante flexibilidad y seguridad”55, que aparentaba retocar algo las pretensiones iniciales pero por supuesto sin abandonar un ápice la idea desreguladora del mercado de trabajo.

En definitiva, la flexi-seguridad es un mero maquillaje del liberalismo tradicional del siglo XIX que se ha tratado de imponer en el XXI. Pero además es algo inviable ante situaciones de gran recesión económica como la que vivimos.

En efecto, como hemos podido comprobar, cuando la crisis es demasiado larga el tiempo de desempleo se alarga más allá de las prestaciones contributivas, lo que hace que la seguridad desaparezca y los parados dependan de soluciones graciables de cuantías irrisorias como las que viene aplicando el Gobierno de España. Como, además, esta situación se produce precisamente en épocas de crisis económica, si aplicamos el límite al déficit público que los liberales propugnan incluso se pueden volver inviables esas medidas de gracia. Es decir, en el binomio flexibilidad-seguridad, lo segundo ni existe ni puede garantizarse que exista, por tanto es un camino sin futuro y que probablemente haya que desandar.

Frente a la idea de la flexi-seguridad se encuentra la idea tradicional de la izquierda de la política de rentas y, dentro de ésta, del reparto de trabajo. Las crisis económicas producen una contracción de la producción que hace que se necesite menos trabajo. Evidentemente la necesidad de menos cantidad de trabajo repercute en las empresas en una menor masa salarial y en un menor número de horas trabajadas. La pregunta es ¿qué es mejor que esa reducción de la masa salarial y de horas se produzca despidiendo trabajadores (unos trabajadores se quedan sin trabajo y sin salario y otros mantienen intacto su trabajo y sus retribuciones) o que se reduzca la masa salarial y las horas trabajadas mediante una disminución de la jornada de trabajo asociada a una disminución del salario (todos los trabajadores trabajan menos y cobran menos)?

Desde nuestro punto de vista la opción es la segunda. Frente al contrasentido que supone expulsar de mercado del trabajo a millones de personas perfectamente capacitadas, planteamos la necesidad de que se instituya como idea básica de las relaciones laborales el reparto del trabajo56 (trabajar menos para trabajar todos), cambiando la concepción de las relaciones laborales y de las prestaciones por desempleo.

El sistema podría consistir en que la legislación obligase a que la primera opción de ajuste de plantilla fuera el reparto el trabajo, de forma que el despido por motivos económicos no pueda aplicarse mientras no se apliquen medidas de reparto del trabajo. La gestión del sistema de reparto de trabajo debería estar regulada por un convenio colectivo de empresa, de forma que aquellas empresas que no lo tuviesen regulado no deberían poder obtener ayudas o rebajas de impuestos (subvenciones, beneficios fiscales directos o indirectos, bonificaciones en la Seguridad Social,…). Además, para potenciar el sistema, la legislación debería prohibir el reparto de dividendos y las retribuciones variables a los directivos de las empresas que hayan despedido trabajadores por motivos económicos y permitir el mantenimiento de una parte de las mismas si la empresa está sometida a un ERE por reparto de trabajo.

Igualmente, las prestaciones por desempleo deben ser en primer lugar parciales y sólo cuando es irremediable el despido pasar a ser totales. El procedimiento previo al despido sería la presentación de un ERE por reparto de trabajo de duración determinada pero renovable, con una reducción general de jornada de trabajo compensada con reducciones de salarios y con prestaciones parciales por desempleo. Debiendo ser cada trabajador el que decida si cobra la prestación o la pospone para un posible caso de pérdida del puesto de trabajo en caso de despido definitivo.

En definitiva, estos cuatro aspectos estructurales que hemos tocado sin ser exhaustivos serían de gran influencia para evitar en el futuro crisis de origen especulativo, para limitar sus consecuencias sobre el déficit y sobre el Estado del Bienestar y para reducir sensiblemente las repercusiones duales en los trabajadores y en consecuencia las penalidades que hoy si están sufriendo las familias con todos sus miembros en paro.

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