Gran parte del sistema democrático español se encuentra diseñado en la vigente Constitución de 1978 y es producto de una coyuntura histórica complicada. Las personas que la redactaron y la sociedad que la aprobó hace más de 30 años se enfrentaban a unos problemas y unos miedos muy importantes, pero también muy distintos a los de hoy. Esa historia marcó su redacción y ha condicionado nuestro desarrollo político.

En el año 1978 España estaba saliendo de una dictadura de casi cuarenta años nacida de una guerra civil. El miedo fundamental de entonces era que hubiera un enfrentamiento social o una involución política. Ese miedo hizo que los políticos intentasen buscar siempre el consenso en la redacción de los artículos de la nueva Constitución y, por eso, en ella conviven la gran ambigüedad de unos preceptos con la pormenorizada redacción de otros57. La consecuencia de ese tiempo y de ese consenso es el sistema de democracia que tenemos hoy con una débil, en algunos casos casi nula, división de poderes y un predominio del poder Legislativo sobre los otros dos poderes: el Ejecutivo y el Judicial.

En esencia, el sistema bascula en torno a los partidos políticos frente al escaso poder político de los ciudadanos individuales como tales. Tal es la importancia que se les da a los partidos políticos58 que fueron incluidos en el Título Preliminar de la Constitución, en su artículo 6º, justo después de las banderas y de la capital del Estado y seguidos de los sindicatos (objeto de especial protección también) y las fuerzas armadas. En la Constitución se diseñó un sistema en el que la participación política se canalizaba a través de los partidos y se restringía la iniciativa política ciudadana fuera de los mismos. El miedo a plebiscitos populistas hizo desaparecer del proyecto definitivo de la Constitución la posibilidad del referéndum legislativo, haciendo de la Constitución de 1978 una de las más restrictivas del mundo en materia de iniciativa legislativa ciudadana59.

Ese miedo a una involución o a un nuevo enfrentamiento entre los españoles pronto se demostró infundado. La mejor y mayor prueba de que la democracia había arraigado en la sociedad española se vivió en los días siguientes al fracasado intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981. Los españoles no tenían ninguna intención de volver a una dictadura fascista ni de enfrentarse de nuevo entre ellos. Manifestaciones de millones de personas recorrieron nuestro territorio en defensa de la democracia y respaldando a sus políticos.

Podríamos decir que fue la primera vez que la sociedad española se identificó con los políticos que la representaban. Claro está que estos políticos españoles de la Transición ya antes habían demostrado estar a la altura de lo que la sociedad española esperaba de ellos y fueron capaces de suscribir, en 1977, unos acuerdos políticos sin precedentes en Europa, los denominados Pactos de la Moncloa, que estabilizaron la transición a un sistema democrático y sentaron las bases para la recuperación económica en una situación de crisis económica mundial provocada por los famosos shocks del petróleo.

Los primeros 25 años de democracia

En los años siguientes los ciudadanos se mostraron contentos con el importantísimo cambio que había supuesto pasar de una dictadura a un sistema democrático. El hecho de que la democracia representativa pura y dura hubiese sido diseñada sin ningún resquicio para el ejercicio de la democracia directa no parecía suponer ningún obstáculo importante en esos momentos. Los principales retos eran la integración europea, entendida por los ciudadanos como el mecanismo definitivo de anclaje de España a la democracia, el desarrollo del Estado del Bienestar y el del Estado de las Autonomías.

La fortaleza de los partidos políticos y, por ende, de los que los controlan, comúnmente denominados el aparato del partido, fue aumentando al amparo de una ley electoral intocable, que impuso un sistema electoral totalmente controlado por ellos, con listas cerradas y bloqueadas, donde los partidos eligen tanto a los candidatos a Diputados como el orden en el que aparecen en la lista, asegurándose de esta forma que los ciudadanos sólo puedan decidir al partido que votan.

A pesar de ir contra la capacidad de acción política del propio ciudadano, los éxitos de la transición, el desarrollo del Estado del Bienestar, la construcción del Estado de la Autonomías y la integración europea, decantaron la opinión de los ciudadanos a favor de los partidos. De hecho, hasta hoy para la mayoría de los ciudadanos cualquier discrepancia de un representante político con el partido en cuya lista fue incluido para concurrir a las elecciones es considerada socialmente como una “herejía” y el abandono por parte del representante electo de la militancia en ese partido sin renunciar al escaño que le han otorgado los ciudadanos con sus votos es una especie de traición a la democracia.

Evidentemente, esta preponderancia de los partidos no podía redundar en el avance en la separación real y efectiva de los poderes del Estado, ni por supuesto en el incremento del papel de los ciudadanos en la política. El preámbulo de la propia Ley Orgánica 3/1984 Reguladora de la Iniciativa Legislativa Popular es claro y meridiano en el papel marginal de los ciudadanos en la política activa. “...La Ley Orgánica trata de recoger con la máxima fidelidad y sencillez el mandato constitucional, regulando el ejercicio de la iniciativa en forma tal que, respetando al máximo el papel institucional de los partidos políticos como órganos de manifestación de la voluntad popular e instrumentos fundamentales de la participación política, se canalice el ejercicio de la iniciativa con las máximas garantías. Así, quedan excluidas de la iniciativa legislativa popular no sólo las materias que lo están expresamente por obra del artículo 87.3 de la Constitución, sino también aquellas otras cuya iniciativa reguladora reserva la norma fundamental a órganos concretos del Estado” (el subrayado es nuestro). Es más, la propia ley reconocía que iba mucho más allá que la propia Constitución en las restricciones, como se puede apreciar en la parte que hemos subrayado en el texto.

Estas cuestiones pasaron desapercibidas para la mayoría de la ciudadanía en aquellos momentos. Éramos una democracia joven que estaba en construcción, había demasiadas cosas que hacer y esto no parecía algo importante. No obstante, el hecho de haber dejado descansar todo el peso de la acción política en los partidos, aderezado además por los casos de corrupción, ha ido produciendo desinterés político y la percepción cada vez mayor de que los ciudadanos carecen de influencia en la acción de Gobierno60.

El siglo XXI: partidos y ciudadanos cambiando en direcciones opuestas

A finales de los noventa y primeros del nuevo siglo la sociedad española presentaba un perfil totalmente distinto a la de veinte años antes. Atrás habían quedado los años de lucha por conseguir vivir en una democracia, Europa y las conquistas sociales ya formaban parte del “patrimonio” de todos los ciudadanos. Además, se había producido la alternancia en el poder entre los dos partidos mayoritarios sin traumas ni fracturas sociales.

También los representantes políticos habían cambiado. En los partidos, los líderes políticos vocacionales de la transición fueron sustituidos y los partidos se convirtieron en grandes maquinarias apoyadas en las instituciones gobernadas, cuya dinámica de funcionamiento poco tenía que ver con la de años anteriores. La política empezó a ser considerada una profesión a la que dedicarse toda la vida por parte de muchas personas que ingresaban en los partidos mayoritarios.

Fue en estos tiempos cuando empezaron a manifestarse los primeros síntomas de la desconexión entre los ciudadanos y los políticos. En diciembre de 1998, el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) realizó una encuesta con motivo de los 20 años transcurridos desde la aprobación de la Constitución. En ella dos tercios de los ciudadanos encuestados consideraban que “los intereses que persiguen los partidos tienen poco que ver con los de la sociedad”, y sobre el 80% creían que los mayores motivos de preocupación de los Diputados eran “sus propios intereses” y “los intereses de su partido”61. Esa desconexión se hizo absolutamente patente en el año 2003, cuando una inmensa mayoría de españoles, en torno al 90% según el CIS62, se manifestó en contra del apoyo mostrado por Aznar, entonces Presidente del Gobierno, a la intervención militar en Irak, provocando grandes manifestaciones de repulsa en todo el país63.

Durante esos años, comenzó a consolidarse la práctica de alterar las preferencias manifestadas en las elecciones por los ciudadanos mediante el uso de cualquier mecanismo que permitiera sumar la mayoría necesaria para evitar que gobernase el ganador. Los “robos” de alcaldías, ya habituales en la segunda mitad de los noventa, tuvieron su culminación con el transfuguismo en Comunidades Autónomas, normalmente a media legislatura, que alcanzó su cénit con el escándalo de Tamayo y Sáez en la Comunidad de Madrid, donde el Gobierno quedó en manos de Esperanza Aguirre después de una repetición de las elecciones provocada por los dos diputados tránsfugas del PSOE.

A la alteración de las preferencias electorales hubo que sumar los casos de corrupción política, económica y judicial que fueron saliendo a la luz, con el ejemplo emblemático del “caso Malaya” en Marbella. Quince años de saqueo sistemático dejaron claro a la opinión pública las muchas formas que podían existir de corrupción urbanística y las dificultades para perseguirla. Ya más recientemente, casos tan sonados como “la trama Gürtel” que afecta a la propia estructura financiera del PP (como en su día el caso “Filesa” afectó a la del PSOE), el caso de “los EREs” en el PSOE, o, rizando el rizo, la “operación Pretoria” en la que están implicados miembros de varios partidos (CiU, PSC y PP) han dado muestras de que la corrupción hace extraños compañeros de cama y hasta une a los enemigos políticos. También han ocurrido casos de corrupción judicial tan extremos como el “caso Estevill”64, desgraciadamente tampoco el único.

La última demostración del escaso poder democrático de los ciudadanos ha quedado patente con las sucesivas reformas legislativas motivadas por el ajuste presupuestario realizado a partir de mayo de 2010. Sin que los recortes sociales figurasen en ningún programa electoral y simplemente con el objetivo de “apaciguar los mercados” se han aprobado a propuesta del Gobierno reformas contrarias a los deseos de los ciudadanos que han mermado sensiblemente sus derechos, llegando incluso a aprobarse una reforma de la Constitución sin contar para nada con los ciudadanos. Ello ha evidenciado que el poder no reside en el pueblo y que el sistema permite que los mercados estén por encima de los ciudadanos.

Todos estos problemas han hecho que los ciudadanos empiecen a darse cuenta de hasta qué punto el sistema democrático diseñado treinta años antes carece de controles. La realidad política actual nos muestra que unos partidos políticos agazapados en una legislación hecha por y para ellos, que los convierte en la única representación posible de la voluntad ciudadana. Unos partidos al servicio de los poderosos cuyas cúpulas dirigentes se mueven entre la benevolencia de algunos, la corrupción de otros y la obsesión por la supervivencia política personal de la mayoría de ellos. Unos partidos enrocándose y aprobando reformas regresivas que cierran aún más las posibilidades de participación electoral a nuevos partidos con nuevas ideas. Reformas como la última modificación del artículo 169 de la Ley Orgánica 5/1985, del Régimen Electoral General, de 29 de Enero de 2011, que fue aprobada por 321 votos a favor, 14 en contra y 9 abstenciones, y que incluye la exigencia de un porcentaje de firmas en cada circunscripción electoral para presentar candidaturas cuando sean partidos que no tuvieran representación parlamentaria anterior.

Frente a esos partidos están unos ciudadanos angustiados por un negro presente y un futuro aún peor, que han dejado de confiar definitivamente en ellos y que perciben que no existen herramientas en nuestra democracia para controlar a los políticos que les representan aunque actúen en contra de los intereses de sus votantes. En España estos ciudadanos, cansados e indignados, han reaccionado de una forma distinta al resto de Europa. Así, mientras muchos europeos han tomado el camino del hartazgo y han preferido dejarse seducir por los planteamientos de la extrema derecha (ésta tiene ya representación parlamentaria en 13 de los 27 países de la Unión Europea), en España muchísimos ciudadanos se han movilizado en sentido contrario, para pedir más democracia. Han decidido que quieren cambiar un sistema democrático defectuoso que impide a los ciudadanos intervenir directamente en las decisiones políticas y económicas del país. Son el Movimiento 15-M.

Según lo define Wikipedia “El movimiento de indignados 15-M es un movimiento ciudadano formado a raíz del 15 de mayo de 2011 con una serie de protestas pacíficas en España con la intención de promover una democracia más participativa, alejada del bipartidismo PSOE-PP y del dominio de bancos y corporaciones, así como una auténtica división de poderes y otras medidas para mejorar el sistema democrático.” y su manifiesto, confeccionado por Democracia Real ¡Ya!, plataforma que fue la promotora de la primera manifestación del 15M, comienza como sigue: “Somos personas normales y corrientes. Somos como tú: gente que se levanta por las mañanas para estudiar, para trabajar o para buscar trabajo, gente que tiene familia y amigos. Gente que trabaja duro todos los días para vivir y dar un futuro mejor a los que nos rodean. Unos nos consideramos más progresistas, otros más conservadores. Unos creyentes, otros no. Unos tenemos ideologías bien definidas, otros nos consideramos apolíticos… Pero todos estamos preocupados e indignados por el panorama político, económico y social que vemos a nuestro alrededor. Por la corrupción de los políticos, empresarios, banqueros… Por la indefensión del ciudadano de a pie. Esta situación nos hace daño a todos diariamente. Pero si todos nos unimos, podemos cambiarla. Es hora de ponerse en movimiento, hora de construir entre todos una sociedad mejor.”

Se puede suscribir o no la declaración del movimiento, no obstante, es evidente que el mismo ha alcanzado un nivel de consistencia, de simpatía y de apoyo entre la ciudadanía que sobrepasa lo anecdótico para situarse en porcentajes inalcanzables por partidos y políticos65. Desde nuestro punto de vista esas movilizaciones serán, se quiera o no, un referente en la evolución futura de nuestra democracia.

En particular, con independencia de que se asuman todas sus opiniones o sólo una parte e incluso aunque no se compartan en absoluto, lo que nunca se podrá negar desde la perspectiva de cualquier persona que se considere demócrata es que desde el Movimiento 15-M ha emergido un pensamiento democráticamente impecable: la necesidad de que nuestro sistema democrático evolucione hacia una democracia participativa, hacia un aumento de la calidad democrática. Su objetivo es curar los males de una democracia ineficaz con más democracia, un pensamiento en sí mismo revolucionario por lo que tiene de ir contra el pensamiento y el poder establecido, pero en ningún caso desestabilizador de la democracia misma.

En esta situación, donde políticos y ciudadanos deambulan por caminos cada vez más separados debemos hacernos una pregunta trascendente: ¿Quiénes aciertan, ciudadanos o partidos? Si pensamos que los segundos estaremos optando por una nueva versión de despotismo ilustrado mientras que si optamos por los primeros, los ciudadanos, es evidente que las reformas habrán de ser importantes

Para nosotros la democracia es mucho más que votar cada cuatro años. En las calles, en las plazas, en las redes sociales, en todas partes, el movimiento 15-M pide más y mejor democracia y es en ese terrero en el que creemos que hay que avanzar necesariamente.

No se trata de empezar a teorizar66 en este lugar sobre el concepto de democracia, porque cualquier persona sin haber leído absolutamente nada de teoría política, ni preocuparle lo más mínimo, sabe que lo que define realmente a una democracia frente a cualquier otra forma de gobierno es que el poder es de los ciudadanos. Son todos los ciudadanos los que tienen el derecho de decidir por mayoría, en cada momento histórico, la forma de organización, gestión y control de ese poder. Una mayoría que por el hecho de serlo temporalmente no tendrá necesariamente la razón de fondo, pero a la que sí le otorgamos la capacidad de “imponer por la fuerza de los números” sus razones, convirtiéndolas en normas de convivencia en un período de tiempo determinado.

Pues bien, si el poder es de los ciudadanos ¿por qué no usarlo para rediseñar el sistema democrático? Como el Movimiento 15-M, nosotros pensamos también que es necesario: encontrar la manera de dividir realmente el poder del Estado y controlar que el funcionamiento de los poderes resultantes sea totalmente autónomo; encontrar la fórmula mejor para elegir a nuestros representantes en todos y cada uno de esos poderes; encontrar la forma de controlar en cada momento a los representantes elegidos y también de poder revocar esa elección cuando consideremos que ya no nos representan adecuadamente. En definitiva, crear un nuevo marco de relaciones políticas.

Un marco que supere una democracia representativa agotada y que dé paso a una democracia participativa, en la que se aúne la democracia representativa con grandes espacios para el ejercicio de la democracia directa. Un marco que posibilite políticas de izquierdas, de derechas o de centro... pero que garantice siempre que esas políticas sean las que quieren la mayoría de los ciudadanos y no las que quieren los gobernantes y poderes económicos de turno.

Tan importante empresa exige que cambie la forma de pensar de muchos políticos. Que dejen de creer que la Constitución no se debe de tocar salvo que lo dicte la Unión Europea o los mercados. Como ha quedado demostrado con la reforma del artículo 135, la Constitución no es el libro sagrado que nos hacían creer. La hicieron y la aprobaron personas normales, la adaptaron a sus vidas y les sirvió. Ahora son otras vidas, otros problemas y algunas cosas que están en ella ya no nos sirven. No debemos tener miedo a esa reforma. Las reformas políticas sólo desestabilizan cuando no se sabe lo que se desea hacer y se aprueban al margen de los propios ciudadanos.

Nosotros queremos hacer una serie de propuestas con ese fin. Propuestas de cambios profundos que nos gustaría que fuesen objeto de debate. Pero, por encima de todo, queremos que, sea con estas propuestas o sea con otras, se diseñe un nuevo marco democrático que se construya de abajo a arriba. Que sea el que planteen y voten todos los ciudadanos y no los mercados y que los políticos no se escondan tras la socorrida “falta de consenso entre partidos” para dejarlo todo como está ahora. Estos son otros tiempos y lo importante es dar curso a unas demandas ciudadanas que afortunadamente han optado por más democracia.

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